El Gobierno Vasco ha puesto en marcha un “plan de choque” para fomentar la vivienda de alquiler protegido que pretende implicar activamente a los ayuntamientos, a los que ofrecerá 40.000 euros por cada piso que ofrezcan en esta modalidad.
El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, ha presentado esta mañana las medidas con las que pretende poner en el mercado de alquiler protegido 1.700 viviendas al año.

Con este fin, el Departamento destinará a lo largo de 3 años 75 millones de euros en ayudas directas a los consistorios vascos, a los que ofrecerá una subvención de 40.000 euros por cada alojamiento que promuevan directamente o adquieran para su puesta en alquiler.
El plan, que empezará a funcionar a partir de septiembre, también contempla ayudas indirectas en forma de financiación gracias a un acuerdo firmado con las cajas vascas, que permitirá a los ayuntamientos acceder a préstamos con un tipo de interés bonificado del 4,75%.
Doblar el número de viviendas
El Ejecutivo vasco ayudará asimismo a las instituciones municipales a gestionar su parque de vivienda de alquiler, al poner a su disposición la entidad pública Alokabide, que permitirá facilitar todos los trámites relacionados con los arrendamientos y que actualmente cuenta con más de 7.000 viviendas.
Según ha explicado Madrazo, la finalidad es que los ayuntamientos vascos tengan su propio parque de vivienda de alquiler protegido que complemente a las que promueve el Gobierno Vasco. Un parque, ha explicado, que sea “fuerte y permanente”, por lo que se exigirá que las viviendas permanezcan bajo titularidad pública un mínimo de 50 años.
El objetivo previsto, según ha indicado, es que entre las diferentes administraciones se alcance la cifra de 19.000 viviendas de arrendamiento protegido en el 2009, frente a las 10.000 que actualmente existen.
Madrazo ha resaltado la importancia de la política de promoción de la vivienda en régimen de alquiler protegido frente al modelo en propiedad, porque, a su juicio, se trata de la forma más “social, progresista y justa” de garantizar el acceso a la vivienda digna a los sectores con menor poder adquisitivo, “especialmente los jóvenes”.Diario Vasco